"Proyecto de resolución no tuvo oposición, algo considerado excepcional", afirma fuente diplomática. Ahora irá directo a plenaria de Asamblea General.
El proyecto de resolución para la Asamblea General de la OEA sobre Nicaragua, que demanda al régimen de Daniel Ortega el “fin de la impunidad y la liberación de todos los presos políticos” , fue aprobado “por unanimidad” del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, este 18 de junio.
Una fuente diplomática del Consejo Permanente de la OEA explicó a CONFIDENCIAL que, dado el consenso total que alcanzó la resolución, esta se ahora envía “de forma cerrada” para su aprobación, sin ninguna modificación, en la Asamblea General de la OEA, que se realizará entre el 26 y 28 de junio, en Paraguay.
La resolución fue promovida por Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Perú y Antigua Barbuda, y en los debates “contó con el respaldo y la participación activa de los embajadores de México, Brasil y Colombia”, reveló la fuente diplomática.
Este grupo voluntario se conformó tras la salida de Nicaragua de la OEA, y está liderado por Canadá y Chile como cofacilitadores. En el grupo voluntario participaron más países que en el anterior Grupo de Trabajo, y se sumaron a los debates países de todas las subregiones, incluyendo miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), como Guatemala y Costa Rica, y países caribeños del Caricom, como Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Jamaica y Trinidad y Tobago.
“El proyecto de resolución no tuvo oposición y por eso, algo considerado excepcional en las resoluciones que prepara el CP para la Asamblea General, la resolución se fue ´cerrada´, es decir, consensuada a la plenaria de la Asamblea General, y no pasará a la Comisión General para discusión, sino que directamente a la plenaria, para su aprobación”, indicó la fuente.
La iniciativa, conocida días atrás, demanda que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “libere inmediata e incondicionalmente a todas las personas que hayan sido privadas de su libertad por motivos políticos o religiosos”.
Además, pide a los Estados miembros de la OEA “redoblar sus esfuerzos por facilitar, por medio de acciones individuales o colectivas, el cese de la violación a los derechos humanos, poner fin a la persecución ideológica ya sea política o religiosa”.
Asimismo, solicita la recuperación de las instituciones democráticas y del Estado de derecho de Nicaragua por medio de un “diálogo constructivo” que permita a Nicaragua cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos “incluida la rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado por falta de observancia de los derechos humanos”.
El texto detalla que observan la situación de desplazamiento de más de 270 000 nicaragüenses que han buscado asilo en todo el mundo; y muestran preocupación por la supresión de espacios cívicos mediante la cancelación de más de 3000 organizaciones de la sociedad civil, la privación de nacionalidad y los derechos políticos de más de 300 personas y la situación de, al menos, 54 medios de comunicación que han cerrado o fueron confiscados y los más de 250 periodistas obligados a exiliarse.
El proyecto de resolución llamado “Seguimiento de la Situación en Nicaragua”, puntualiza que es necesario restablecer regresar el derecho de los nicaragüenses de entrar y salir del país sin problemas e insiste “en el fin inmediato de la impunidad de las instituciones estatales y otros actores que perpetraron graves violaciones de derechos humanos”.
También pide al régimen de Daniel Ortega que respete todas las medidas otorgadas por la CIDH “abstenerse de reprimir y detener arbitrariamente a líderes de la Iglesia evangélica, y proporcionar información sobre la salud física y psicológica de los 11 líderes religiosos de Puerta de la Montaña”, quienes se encuentran recluidos en instalaciones de máxima seguridad.
El proyecto de resolución demanda al Gobierno de Nicaragua “involucrarse constructivamente con el sistema interamericano de derechos humanos, facilitando el escrutinio internacional en el marco del derecho internacional, permitiendo el ingreso a su territorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Seguidor Especial, Mecanismo de adhesión, así como otros organismos internacionales competentes”.
Nicaragua salió de la OEA el 19 de noviembre de 2023, convirtiéndose en el segundo país de América Latina que abandona voluntariamente el organismo, después de Venezuela.
La salida de Nicaragua de la OEA ocurrió al cumplirse los dos años desde que el régimen Ortega-Murillo denunció la Carta Constitutiva del organismo. La dictadura argumentó supuestas y “constantes actitudes injerencistas” del organismo regional, relacionadas a la aprobación de resoluciones que condenaron sus atropellos contra el pueblo nicaragüense.
Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua hacen que la OEA encomiende al Consejo Permanente mantenerse informado en el marco de los instrumentos interamericanos, de la situación de Nicaragua, “facilitando y articulando iniciativas de diálogo, negociación y visibilización en pos de los objetivos de esta resolución, y dentro de los límites de ley internacional”.
Fuente: Confidencial